Hay una ilusión peligrosa que recorre los pasillos del poder en Guatemala: la idea de que ganar una elección equivale a transformar el Estado. No es así. Nunca lo ha sido.

El llamado 'pacto de corruptos' —esa red informal de intereses que conecta a políticos, empresarios, militares y operadores judiciales— no desapareció con el triunfo electoral de 2023. Se reorganizó. Cambió de traje. Aprendió a hablar el lenguaje de la democracia mientras seguía operando con la lógica del saqueo.

Lo vemos en el Congreso, donde bancadas que se presentaron como 'independientes' votan sistemáticamente en bloque con los mismos intereses de siempre. Lo vemos en las municipalidades, donde los contratos de obra pública siguen adjudicándose a las mismas empresas con los mismos sobreprecios. Lo vemos en el sistema judicial, donde los intentos de reforma son bloqueados con una eficiencia que solo puede explicarse por una coordinación muy bien organizada.

El problema no es de personas. Es estructural. Guatemala tiene instituciones diseñadas —o capturadas— para servir a intereses privados, no al bien común. Mientras eso no cambie, ningún gobierno, por bien intencionado que sea, podrá transformar realmente el país.

¿Qué hacer entonces? La respuesta incómoda es que el cambio real no viene de arriba. Viene de la construcción paciente de ciudadanía organizada, de medios independientes, de comunidades que exigen rendición de cuentas. Viene, en parte, de espacios como este.

Existe una correlación que los datos confirman una y otra vez: los países con sistemas judiciales independientes y predecibles atraen más inversión, generan más empleo y reducen la pobreza más rápido que aquellos donde el Estado de derecho es débil o capturado.

Guatemala lleva décadas pagando el costo de esta ecuación ignorada. Según el Banco Mundial, el país recibe apenas el 1.2% del PIB en inversión extranjera directa, una fracción de lo que reciben economías comparables de la región como Costa Rica o Panamá. La razón principal que citan los inversionistas: incertidumbre jurídica.

No se trata de ideología. Se trata de aritmética básica. Un empresario —nacional o extranjero— no va a invertir en un país donde los contratos pueden ser ignorados, donde los jueces pueden ser presionados y donde las reglas del juego cambian según quién tenga más influencia política en un momento dado.

Por eso el debate sobre la reforma judicial no es un debate abstracto de juristas. Es un debate económico de primera importancia. Cada vez que se debilita la independencia del Organismo Judicial, se está enviando una señal al mundo: Guatemala no es un lugar seguro para invertir.

La buena noticia es que el camino inverso también funciona. Los países que han fortalecido sus instituciones judiciales han visto, en un plazo de cinco a diez años, mejoras significativas en sus indicadores de inversión y desarrollo. Guatemala puede hacer lo mismo. Pero requiere voluntad política y, sobre todo, ciudadanos que exijan ese cambio.

Escribo esto desde Nebaj, en el corazón del triángulo Ixil, a seis horas de Ciudad de Guatemala por carretera. Aquí, la política que se debate en el Congreso llega como un eco lejano, distorsionado, casi irrelevante para la vida cotidiana de las familias que conozco.

Lo que sí es urgente y real es el precio del maíz. Y el del frijol. Y el hecho de que este año la cosecha fue mala por la sequía, y que los intermediarios que compran la producción pagan cada vez menos mientras los insumos —fertilizantes, semillas, transporte— cuestan cada vez más.

Doña Juana, que tiene cuatro hijos y cultiva una milpa de dos cuerdas, me dijo algo que no he podido olvidar: 'Antes alcanzaba para comer y guardar un poco. Ahora solo alcanza para comer, y a veces ni eso.' No es una estadística. Es una persona.

El debate sobre la reforma judicial, sobre la independencia del Organismo Judicial, sobre los pactos de corruptos y las bancadas del Congreso —todo eso existe en un universo paralelo para las comunidades del Ixil. No porque no les importe la justicia. Sino porque la justicia nunca llegó aquí. El Estado, en su versión funcional y protectora, tampoco.

No digo esto para desanimar a quienes luchan por mejorar las instituciones en la capital. Lo digo para recordarles que hay una Guatemala que no aparece en los análisis políticos, que no vota en las encuestas de aprobación presidencial, que no lee los editoriales de los grandes medios. Esa Guatemala también existe. Y también merece ser escuchada.

Cada vez que un político guatemalteco habla de 'frenar la migración' sin hablar de crear empleos dignos, de garantizar seguridad, de construir un sistema educativo que funcione, me pregunto si está hablando en serio o simplemente actuando para las cámaras.

La migración guatemalteca —especialmente la de jóvenes del occidente y el oriente del país— no es un fenómeno irracional ni un fracaso cultural. Es una decisión perfectamente racional de personas que han calculado, correctamente, que sus posibilidades de vida digna son mayores en otro lugar que en su propio país.

Esa es la acusación más dura que se le puede hacer a un Estado: que sus propios ciudadanos prefieran arriesgar la vida cruzando fronteras antes que quedarse. Y Guatemala lleva décadas mereciendo esa acusación.

Las remesas —ese flujo de Q45 mil millones anuales que sostiene a cientos de miles de familias— son la prueba más contundente del fracaso del modelo de desarrollo guatemalteco. Son dinero que debería estar generándose aquí, en empleos formales, en empresas locales, en una economía que funcione para todos. En cambio, se genera allá, en condiciones de precariedad y lejanía, y se envía de vuelta como un salvavidas que el Estado no supo construir.

Mientras no se ataquen las causas estructurales —la desigualdad, la falta de oportunidades, la violencia, la corrupción— hablar de 'frenar la migración' es pura demagogia. Y los guatemaltecos, con toda razón, seguirán votando con los pies.

Hay una historia que los medios guatemaltecos casi nunca cuentan: la de las mujeres indígenas que, sin cámaras ni micrófonos, están transformando la política local en sus comunidades.

Las conozco porque las he visitado. En San Marcos, en Huehuetenango, en Quiché, en Alta Verapaz. Mujeres que organizan a sus vecinas para exigir agua potable, que documentan irregularidades en los presupuestos municipales, que presentan amparos ante los tribunales, que se postulan a cargos de representación comunitaria y ganan.

No tienen acceso a los grandes medios. No aparecen en los análisis políticos de la capital. No son invitadas a los foros de 'liderazgo' que se organizan en los hoteles de Ciudad de Guatemala. Pero están construyendo, ladrillo a ladrillo, una forma diferente de hacer política.

Lo que me parece más notable es que lo hacen desde una doble marginalidad: son mujeres en sociedades donde el liderazgo político sigue siendo predominantemente masculino, y son indígenas en un país donde el racismo estructural sigue siendo una realidad cotidiana.

Su historia merece ser contada. No como curiosidad antropológica ni como ejemplo de 'resiliencia' —esa palabra que usamos para elogiar a quienes sobreviven condiciones que deberíamos estar cambiando— sino como lo que es: política real, transformación real, esperanza real para Guatemala.